La estrategia de guerra de Alberto Fujimori

En su “alegato para la historia”, Alberto Fujimori dice rechazar el término “conflicto interno” o “guerra interna” que utiliza la fiscalía en su acusación, y señala que esto otorga estatus político a los terroristas. En otra parte afirma, en cambio, que se le ha estado pidiendo el sueño imposible de “civilizar la guerra” o de “ganar una guerra sin costo social”.

Son varias veces que menciona la palabra guerra para justificar la barbarie inevitable, a pesar de la pretensión de negar que lo que sucedió corresponde a esta categoría, y que la propia idea de un presidente interviniendo en el diseño estratégico y la conducción del conflicto, de lo que se vanagloria, tiene que ver con el hecho de que la seguridad del Estado y la viabilidad política estaban sobre la mesa.

Si se tratara, simplemente, de una banda disociadora, ¿validaría eso la pretensión fujimorista de pasar a la historia por haberla reprimido?, ¿o es que, como en otras cosas, se pretende el doble discurso del político que se declara el único vencedor de armas en un país con una historia de trágicas derrotas militares, y del represor que justifica implícitamente sus excesos negando que haya habido un curso de enfrentamiento?

En otra parte, Fujimori dice que Belaúnde y García, los presidentes que estuvieron al frente del gobierno en la primera década de la violencia, equivocaron por plantearse una estrategia de confrontación convencional, cuando había que seguir otro camino. Lo que quiere decir que en los 80 se movilizaban masas de soldados por la sierra tratando de derrotar a un enemigo invisible que se mimetizaba con el pueblo y atacaba de sorpresa, y se terminaba arrasando poblaciones donde se suponían estaban asentados los senderistas.

En oposición a ello, ciertamente, se elaboró otra estrategia cuyo énfasis era la “inteligencia”, es decir la información obtenida desde dentro de las organizaciones: comunidades campesinas, barrios, sindicatos, universidades, para identificar el aparato de soporte de Sendero Luminoso y el MRTA, y por extensión lo que se estimaba peligroso para los objetivos planteados. La tesis básica era que la estructura político-administrativa (no armada) era la clave del vínculo masas-subversión, y había que eliminarla, para convertir a los núcleos armados en fuerzas errantes y hacer más vulnerable a la dirigencia central.

¿Cómo es que un aparentemente inofensivo “Grupo de Análisis”, se convierte en el siniestro Grupo Colina, tema que nunca ha podido responder Nakasaki, y que Fujimori evade concientemente? Es que el grupo inicial era una selección de tipos que ya habían tomado parte en operaciones de guerra sucia, que ya habían aprendido a matar y que tenían un diagnóstico de porqué las estrategias anteriores no funcionaban. Entonces, Barrios Altos, La Cantuta y un número mucho más grande de asesinatos selectivos de los 90 (por ejemplo una larga lista de eliminaciones realizadas en el norte chico, que hemos tratado en otros informes), no ocurrieron porque sí, como negación de las directivas del presidente.

En realidad Fujimori había ordenado golpear con todo y para eso requería leyes especiales y el paraguas de impunidad que le brindó el autogolpe del 5 de abril de 1992. Y en la lógica existente, precisamente, la dirección de las operaciones más brutales no fue hacia los dirigentes principales, sino que cayeron sobre redes de artistas, estudiantes, profesores, dirigentes campesinos y sindicales, periodistas, etc. Por eso es que no hay ninguna contradicción entre la captura “sin un rasguño” de Abimael Guzmán, y los heladeros acribillados en Barrios Altos a los que se acusaba de ser informantes pro senderistas.

La sombra de la guerra

A Fujimori se le juzga por dos crímenes concretos ocurridos entre noviembre de 1991 y julio de 1992. Es así, no porque sean los únicos casos, sino porque eso fue lo que estableció el acuerdo de extradición. Pero implícitamente lo que se está discutiendo es la llamada “estrategia de pacificación” que se desarrolló en los primeros años de los 90, y que el ex dictador ha empezado a defender ante las cámaras. ¿Querían la paz?, ahí la tienen y no se quejen de los muertos, es lo que ha dicho.

El tribunal tendrá que ver si esos 25 muertos (15 en Barrios Altos, 10 en La Cantuta) se pueden justificar bajo ese criterio, y si el Perú debe aceptar la clandestinidad y el crimen como opciones de pacificación. Pero como ahora hemos empezado a hablar con la historia, la cuestión más acuciante es llegar a saber si el tipo de paz que se fundó sobre tantas muertes, tanto odio y tantísimos reflejos autoritarios en el Estado, era lo que el Perú requería para tener futuro.

03.04.09
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