El mismo dolor

Ayer vi retazos de una entrevista con la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos a la que Beto Ortiz quería derrotar (y obtener el titular para el día siguiente) contraponiendo el simple derecho del rendido a no ser eliminado por sus captores, a la crueldad de los secuestradores y a los crímenes del llamado terrorismo. El supuesto, era otra vez que las organizaciones de derechos humanos sólo se interesan por los subversivos (como sería el caso Chavín de Huántar) y se olvidan del sufrimiento de los soldados y policías víctimas de la guerra, y de sus familias.

Obviamente Ortiz sabe que el centro de actividad de la Coordinadora y sus afiliadas ha sido la población civil afectada por la guerra, sin ser parte de ella. Desde hace un buen número de años, sin embargo, se publican comunicados de solidaridad y condena cada vez que un uniformado cae en el VRAE o el Huallaga, y se hacen gestos para demostrar que los derechos humanos son los mismos para todos, pero para Giampietri, Rey, Flores Araoz, Alcorta y otros, nada de eso existe. Casi como si la palabra derechos humanos tuviera connotación pro-terrorista y que por extensión eso implicara a la CIDH en Washington y a la Corte Internacional de Costa Rica.

Uno podría decir que cuando hablan gentes que han sido o son gobierno, o que han circulado por el Congreso, el Poder Judicial o la gran prensa, estamos ante sinceros protectores de los derechos de los policías y soldados que participaron en el conflicto, no en una operación aislada, sino que arriesgaron la vida todos los días, durante muchos años. Digo esto, porque a mí me toco recibir delegaciones de viudas, mutilados y personal en retiro de la PNP que ni siquiera reclamaban un resarcimiento especial, como el que se prometió a muchos casos y casi siempre se incumplió (incluso a las viudas de los comandos muertos en la casa del embajador), sino el pago de una deuda que el Estado tenía a favor de ellos, por la aplicación de una ley del primer gobierno de Alan García que valoraba como doble la jornada de jueces fiscales e integrantes de UDEX (explosivos) y Dincote (investigación de terrorismo), que estuvo vigente de 1987 a 1992.

Este beneficio sí fue cancelado a los administradores de justicia, pero no a los policías a pesar que fueron ellos los que sufrieron las más penosas bajas por acción de servicio. Si el Estado tuviese la sensibilidad que se dice que es ajena a las ONG, habría podido ayudar a algunos de los actores del conflicto que llevaron la peor parte en la contienda. Y los grandes medios pudieron tomar este u otros casos para hacer campañas para que se cumpla con las viudas de la guerra, los discapacitados y los que fueron al retiro luego de estar en la línea de fuego. Pero no. En el Perú es fácil esgrimir un micrófono para enrostrar las inconsecuencias ajenas y no tener la mínima coherencia de emplear el gran poder de la prensa para defender a las personas concretas en sus derechos más elementales.

El tema no es si el reclamo de justicia de los familiares de los ejecutados extrajudicialmente en la casa del embajador japonés, se contrapone a los soldados y policías que participaron limpiamente en la guerra. ¿Por qué tendría que ser así? No señor, no es por los uniformados y sus familias que sufren las secuelas de la guerra, que se arman tremendos barullos y se acusa de terruco al que no participa del discurso oficial. Es más bien para sostener un país de fantasía que nos venden cada día, en el que todo caminaría muy bien sin izquierda, derechos humanos y laborales, ONG, y seguro este periodista que molesta más de la cuenta.

28.12.11
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