(Inciso i) Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, informando periódicamente a la Comisión competente del Congreso de la República.
Ley 27785 del Sistema Nacional de Control y Contraloría
Artículo 22. Atribuciones de la Contraloría general
Ley 27785 del Sistema Nacional de Control y Contraloría
Artículo 22. Atribuciones de la Contraloría general
Seguro que se trata de otro rumor rojo, de esos que alteran los nervios de la DBA, y que curiosamente se originan no en los círculos de izquierda que andan muy dispersos, sino en el propio Palacio, ahí donde no importa el color de los gatos con tal que cacen ratones como repite nuestro primer mandatario, como línea política del poder. En este caso se trata del felino denominado “peritaje internacional del proyecto Conga” que lleva adelante el primer ministro Valdés, y de las dudas que acometieron al presidente Ollanta sobre si esta es una medida que sirve para resolver los problemas de Cajamarca que vienen inquietándolo desde hace cuatro meses.
La versión que me llega indica que el presidente recurrió al ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal para pedirle una opinión sobre el punto, a lo que el que fuera casi gerente de Yanacocha, antes de ser ministro, le habría ofrecido como respuesta dos ideas centrales: (a) que los organismos que podrían opinar sobre el Estudio de Impacto Ambiental que fue aprobado por Energía y Minas, pero que es discutido por el gobierno regional y las organizaciones sociales son únicamente el ministerio de Ambiente en el aspecto de las valoraciones técnicas, y la Contraloría, en cuanto a las obligaciones legales a que estaba obligado el proceso de aprobación; (b) que el peritaje contratado por la PCM, carece de valor legal, y a lo máximo se le puede tomar como una referencia, porque está fuera de las funciones de ese organismo.
Hace casi dos meses que Valdés tomó en sus manos lo del peritaje y le dio la forma que a él le parecía. Metió el tema en la Unidad de Conflictos, como si se tratara de un apagaincendios, definió u presupuesto que hasta ahora no se sabe a qué partida está siendo cargado, buscó peritos por el mundo y los decidió a dedo con sus asesores, estableció los términos de referencia y anunció a los cuatro vientos para que nadie se ilusione que los expertos extranjeros lo que harán es “despejar dudas” y “recomendar acciones de mitigación de impactos”. O sea mantener lo existente y de ser necesario sugerir algunas mejoras.
El punto es ahora que en un gobierno obsesionado por la “base legal” de sus decisiones y paralizado por la falta de voluntad política para modificarla, se ha abierto un curso que está escapando de todo marco de legalidad. Como lo muestra el inciso de la ley de Contraloría que se transcribe, las acciones de control ambiental sobre informes ya producidos por entes del Estado, como es la aprobación del EIA de Conga, son responsabilidad del órgano de control que dirá si dicha aprobación fue correcta o no, no sólo en los procedimientos sino en el cumplimiento de la responsabilidad ambiental del Estado que es proteger a los recursos y a la sociedad. La PCM no tiene esa responsabilidad, por tanto está usando indebidamente los fondos del Estado y generando falsas expectativas sobre su peritaje.
Parece que nadie tenía ganas de hacerle notar esto al presidente en su debido momento. Y ahora es un poco tarde.
23.02.12
www.rwiener.blogspot.com
La versión que me llega indica que el presidente recurrió al ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal para pedirle una opinión sobre el punto, a lo que el que fuera casi gerente de Yanacocha, antes de ser ministro, le habría ofrecido como respuesta dos ideas centrales: (a) que los organismos que podrían opinar sobre el Estudio de Impacto Ambiental que fue aprobado por Energía y Minas, pero que es discutido por el gobierno regional y las organizaciones sociales son únicamente el ministerio de Ambiente en el aspecto de las valoraciones técnicas, y la Contraloría, en cuanto a las obligaciones legales a que estaba obligado el proceso de aprobación; (b) que el peritaje contratado por la PCM, carece de valor legal, y a lo máximo se le puede tomar como una referencia, porque está fuera de las funciones de ese organismo.
Hace casi dos meses que Valdés tomó en sus manos lo del peritaje y le dio la forma que a él le parecía. Metió el tema en la Unidad de Conflictos, como si se tratara de un apagaincendios, definió u presupuesto que hasta ahora no se sabe a qué partida está siendo cargado, buscó peritos por el mundo y los decidió a dedo con sus asesores, estableció los términos de referencia y anunció a los cuatro vientos para que nadie se ilusione que los expertos extranjeros lo que harán es “despejar dudas” y “recomendar acciones de mitigación de impactos”. O sea mantener lo existente y de ser necesario sugerir algunas mejoras.
El punto es ahora que en un gobierno obsesionado por la “base legal” de sus decisiones y paralizado por la falta de voluntad política para modificarla, se ha abierto un curso que está escapando de todo marco de legalidad. Como lo muestra el inciso de la ley de Contraloría que se transcribe, las acciones de control ambiental sobre informes ya producidos por entes del Estado, como es la aprobación del EIA de Conga, son responsabilidad del órgano de control que dirá si dicha aprobación fue correcta o no, no sólo en los procedimientos sino en el cumplimiento de la responsabilidad ambiental del Estado que es proteger a los recursos y a la sociedad. La PCM no tiene esa responsabilidad, por tanto está usando indebidamente los fondos del Estado y generando falsas expectativas sobre su peritaje.
Parece que nadie tenía ganas de hacerle notar esto al presidente en su debido momento. Y ahora es un poco tarde.
23.02.12
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