Después de la revocatoria

Ayer pensaba mientras veía moverse a miles de limeños en pos de sus lugares de votación, muchos de los cuales parece que se han quedado sin votar por el desorden en la instalación de las mesas y las dificultades de la ONPE para asegurar un proceso complejo con plazos muy estrechos, que todo este inmenso desgaste de fuerzas sería interesante si esta votación nos ayudara a ser más democráticos y participativos, y a mejorar la gestión de las instituciones del Estado.

Pero lo aquí se llama “derecho de revocatoria” es un mecanismo que tiene un distorsión de fondo: mientras la autoridad cuestionada representa a un municipio o gobierno regional, y fue elegida luego de conseguir su reconocimiento como partido o movimiento político, los llamados promotores pueden ser individuos sueltos, partidos más o menos ocultos, entidades confesionales y otros, en una amalgama en la que nadie es responsable de nada. A los revocadores no se les pide otra cosa que un paquete de firmas, que en Lima fue rebajado a menos del 10%, y un nombre que ponga la cara. Así nos pusieron delante a un pobre señor que nunca dijo algo articulado y que cuando quería hablar era acallado por el abogado bandido que aseguraba ser un mero asesor.

El grupo se autodefinió como el de los impresentables, y lo hizo a conciencia porque lo que quería decir era que no buscaba ser tomado en serio. De ahí vino eso de que “el pueblo” era el que quería la revocatoria y no importaba que Marco Tulio fuese lo que fuese, como lo mostraban las encuestas. Todo el juego de mentiras, falsificaciones, trampas e hipocresías, que se ha vivido en estos meses responden a esa raíz de informalidad que está en la base de la revocatoria criolla. Claro que todos sabíamos de los maquinadores principales del proceso y las agendas políticas que se estaban avanzando. El problema es que el sistema permite que exista este juego de encubrimiento.

El caso Castañeda es especialmente grave . No sólo por el asunto del audio del mudo yéndose de boca con sus partidarios, sino la conducta de precandidato de Castañeda el día de la votación, incluida una larga entrevista política en el canal de los mineros. Pero quizás la concusión más grave es que el papel del Jurado de Elecciones no es controlado por nadie y en medio de las incertidumbres de un proceso mal regulado se convierte en un peligro como se ha visto durante la presidencia del Dr. Hugo Sivina y en menor grado de la del Dr. Távara.

A esta entidad supuestamente rectora se le deberá que se haya impulsado una revocatoria en bloque cuando la ley exige que el proceso sea individual. O que los falseadores de firmas no hayan sido castigados y sean ahora actores válidos del proceso. Mu has cosas van a tener que cambiar a partir de ahora.

18.03.13
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