La presentación del Informe de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación en agosto del 2003, fue el momento culminante de
la transición política de los 2000, cuando se le entrega al país por primera y
única vez un proyecto de mirada sobre las dos décadas anteriores con eje en la
explicación de la violencia de esos años, pero a su vez una interpretación de
las razones del fracaso del sistema político para asegurar una paz duradera y
un cierre de las heridas de la guerra.
El gran tema de la CVR era la relectura de
la historia reciente desde la perspectiva de l caída del fujimorismo en un
escenario de masivo repudio ciudadano a la corrupción que había acorralado el
supuesto eficientismo autoritario y su burla continuada de las reglas legales y
morales en nombre de los resultados. La CVR era directamente crítica de la
“solución” fujimorista a los temas del conflicto, que entre otras cosas
presuponía justificar el golpe de Estado; las leyes especiales de represión,
procesamiento y penalización de los delitos denominados como terrorismo; la
utilización de grupos militares especiales para la eliminación de personas;
etc.
Pero al tiempo de condenar esa mirada sobre
la victoria que subrayaba que un enemigo como Sendero Luminoso debía combatirse
con la superioridad de los métodos democráticos, la CVR tenía que dar alguna
versión de por qué en los 80, bajo regímenes formalmente más respetuosos de las
normas democráticas, se produjeron tantas violaciones de derechos humanos y la
insurgencia armada se desbordó amenazando al Estado. La tesis que uno encuentra
en las páginas del informe es que el poder civil capituló al militar al cederle
las partes del territorio en emergencia y que los generales intentaron eliminar
el foco de violencia con una cirugía social que trajo altos costos sociales.
La idea de que una fuerte intervención
militar como se hizo durante la guerrilla del 65, acabaría rápidamente con los
alzados, aun cuando eso afectase a la población civil, llevó a una
militarización creciente del país y al escalamiento del conflicto. De ahí el
curioso concepto de que en algunas zonas y algunos momentos predominó una
estrategia militarista que subordinó la obligación de protección de los
derechos humanos a los fines de la guerra.
Es cierto que la CVR tenía que tomar en
cuenta para sus conclusiones lo que representaban cada uno de sus miembros: un
general, una exministra fujimorista, un pastor evangélico de ideas conservadoras,
un obispo con mucho sentido de ubicación en las circunstancias políticas,
algunos intelectuales de izquierda, etc.; el gobierno de Toledo que los
auspiciaba pero que no tuvo el coraje de asumir su punto de vista; y el
contexto político e institucional de comienzos del nuevo siglo. Si la CVR no
pudo ir más lejos es porque las ilusiones de la transición: un Perú distinto y
capaz de mirar a la cara sus problemas, se pasmó en el camino.
24.08.13
www.rwiener.blogspot.com
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