miércoles, agosto 28, 2013

El debate sobre las cifras de la CVR

Diez años han pasado y si el Informe Final de la CVR hubiera sido escuchado es posible que fuéramos un país con menos odio y con mayor justicia. En plan de homenaje, nuestro director hace un balance de un debate a los primeros días del Informe del que fue protagonista.

Cuando Salomón Lerner Febres leyó ante el país las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación aseguró que del resultado de sus trabajos se había establecido que la cifra más probable de muertos durante el conflicto interno era 69,280, lo que lo convertía en el más sangriento de nuestra historia, incluida la guerra con Chile.

Hasta ahí se había venido calculando un número de víctimas mortales cercano a los 30 mil con un registro disponible y disperso entre el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora de Derechos Humanos, de alrededor de la mitad de esa cifra. Era como decir que por cada muerto con nombre, apellido y localización geográfica debería haber uno más del que no teníamos noticia exacta.

 La CVR obtuvo testimonios propios en un trabajo impresionante de jóvenes registradores que elevó la cifra de muertos identificados, en un consolidado de todas las fuentes, a 24,600. Pero en las conclusiones del Informe el número, no estimado, sino “más probable”, se multiplicó por  1.8, es decir cerca del triple sobre los registrados. O sea se sabría más o menos la tercera parte de lo que ocurrió.

Más aún, en todos los registros previos la mayor parte de las víctimas eran causadas por las fuerzas estatales (militares y policías), lo cuál seguía un patrón similar al de otras experiencias y que derivaba de la diferencia de poder de fuego de las fuerzas regulares respecto a las irregularidades y a las acciones de arrasamiento con que se recuperan los territorios. La CVR imputó sin embargo el mayor número de la victimas  estimadas estadísticamente a Sendero Luminoso en una relación tal que pasó a ser el principal perpetrador de actos con resultado de muerte.

En fecha tan temprana como septiembre del 2003, hice observaciones sobre los dos puntos de la estadística de la CVR que no me convencían y discutí sus implicancias políticas que evidentemente tenían que ver con la necesidad de asegurar que las conclusiones fueran asumidas por el Estado como propias: (a) que recién se sabía de la gravedad de lo ocurrido; (b) que las graves violaciones de derechos humanos que implicaban a agentes estatales habían sido menores que las realizadas por los subversivos, lo que por lo menos nunca fue definitivamente probado.

Tiempo después, aparecieron estudios estadísticos de especialistas demostrando que el método empleado por la CVR había tenido errores y desviaciones, y poco a poco la soberbia del 69,280, fue dejada de lado. Claro que en el camino hubo una polémica mayor sobre las responsabilidades políticas en la conducción de la guerra y la obligaciones del Estado hacia los derechos humanos y las poblaciones en mayor vulnerabilidad en período de conflicto armado, y que la DBA que se convirtió en enemiga mortal de la CVR tomó el debate de las cifras como un pretexto para descalificar todo el enorme trabajo realizado para construir una mirada más cercana a una parte crucial de nuestra historia reciente.

Hoy puedo decir que el Perú no estaba preparado para el debate que inicié, porque una parte de los que tienen mayor poder no quería otra lectura de los veinte años de la violencia que no fuera que esos casos se resuelven directamente con el mayor empleo de fuerzas y con las consecuencias que traen siempre este tipo de intervención represiva del Estado y que no hay nada que hacer como prevención o reparación, y menos con removidas de la memoria histórica.

La mirada propuesta por la CVR, proviniendo de una entidad con autoridad pública, a la que después sus enemigos le han metido el nombre de “caviar”, extensión de la ONG, conciliadora con el terrorismo, que son pura reacción hepática de los que se sienten afectados por sus conclusiones, es la plataforma más progresiva que se puede encontrar para interpretar al Perú de comienzos de nuevo siglo.

Por tanto pudiendo discrepar con mis razones aquí señaladas con las cifras del informe final y tener observaciones sobre el trato de otros temas específicos, soy de los que celebra los diez años de ese valioso trabajo y comparte con los familiares de las víctimas y gran parte de la sociedad peruana el incumplimiento sustancial del Estado de sus compromisos por la pacificación, la justicia y una digna reparación para los afectados.     

28.08.13

Miércoles de Política Nº 9

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