Se le pasó el cuarto de hora al presidente Humala para
aparecer como un líder antiterrorista. Lo confirma la última encuesta de IPSOS,
posterior a la muerte de “Alipio” y “Gabriel”, que acentúa la caída de
popularidad (25 puntos de febrero a agosto) y lo coloca por primera vez debajo
del 30%.
Tras la captura de Artemio, efectivamente Humala
intentó proyectar liderazgo por lo menos en un campo que le era conocido, pero
los fracasos del VRAEM le borraron rápidamente la sonrisa. De ahí que cuando
fue informado del caso de los senderistas de Llochegua decidió encararlo
personalmente.
La manera como fueron atacados y terminaron su vida
los jefes militares del Sendero del VRAEM indica que probablemente hubo una
orden de actuar sobre seguro y no permitir que se escapen. Por eso parece ser
que se decidió hacerlo explotar e incendiarse en la casa donde estaban
descansando.
Eso fue la noche del domingo y el lunes los voceros
oficialistas estaban comparando lo que acababa de ocurrir con la caída de
Guzmán en 1992, lanzaban loas a la nueva estrategia e invitaban a los otros
partidos a una especie de reconciliación con un gobierno que por fin tenía un
triunfo en la mano.
Es evidente, sin embargo, que para la mayoría el tema
del VRAEM se ha hecho distante y ajeno a sus preocupaciones cotidianas. Y el
gobierno de Humala sigue tal cual después de la muerte de los subversivos. La
falta de rumbo, el costo de las promesas incumplidas y la imagen de una
presidencia débil a la que se imponen los grupos de poder, no varía con la
muerte de “Alipio” y “Gabriel”.
Y la idea de un “acuerdo”, “tregua” o “acercamiento”
entre las fuerzas llamadas de oposición y el gobierno, que el premier Jiménez
estrenó hace unos días, tampoco da la impresión de producir el menor efecto en
al ánimo ciudadano que sigue tan escéptico hacia el presidente como hacia el
conjunto de la clase política, que se ha desgastado intensamente en los últimos
meses.
La lectura de ciertos analistas en el sentido de que
lo que causa la crisis política son los ataques de todos contra todos y que hay
que ofrecerle al país una foto de los políticos abrazándose y declarando
propósitos comunes, se pasa de ingenua y olvida rápidamente que el resorte que
lanzó a miles de personas a las calles todo el mes de julio fue precisamente el
de comprobar que sobre acusaciones muy graves de corrupción, los partidos
podían pactar haciendo como que ignoraban con quién lo estaban haciendo.
Los peruanos están afectados no porque se investigue a
García o a Toledo, sino porque estas y otras investigaciones no llegan a
ninguna parte. El gobierno de Humala no está cuestionado por haber formado una
Megacomisión sobre García o haberse negado a indultar a Fujimori, sino por no
tener un proyecto de moralización del Estado. Después de las jornadas de julio,
el gobierno tendría que hacer gestos no a sus compinches de la repartija, sino
a los jóvenes y a los movimientos sociales que encarnaron la protesta.
Escuchar a García planteando que para dialogar se debe
sacar a Tejada de la Megacomisión y Arbizu de la procuraduría, mientras el
fujimorismo pide la cabeza de ministros, confirma que el sistema que estamos
viviendo es el del toma y daca, que el país repudia pero que los políticos
profesionales practican como si no supieran otra cosa.
Con toda su importancia, los recientes éxitos
militares del VRAEM, no entusiasman porque están rebotando sobre una sociedad
fatigada que presiente que se vienen tiempos duros y que detrás de discusiones
confusionistas como la de si hay crisis o no hay crisis, se están anunciando
amenazas reales contra los actuales niveles de vida y los derechos de los
peruanos. Antes que acuerdos entre las cúpulas y desayunos con empresarios, la
gente de a pie espera ser escuchada y tomada en cuenta.
21.08.13
Columna de Wiener
Miércoles de Política Nº 8
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