miércoles, agosto 07, 2013

¿“Patrona del mal” o maniobra contra Humala?

La mañana en la que Nancy Obregón, Elsa Malpartida y otros congresistas electos irrumpieron en el Congreso agitando contra la aprobación del TLC con los Estados Unidos, yo estaba con Ollanta Humala mirando por la televisión lo que estaba ocurriendo y pude comprobar cómo le entusiasmaba el bochinche que estaba en pleno desarrollo.

-       Lo que más les friega es que llevé a las cocaleras al Congreso, anotó.

En los años siguientes este fue un tema recurrente. Después de un primer intento de abrir diálogo con los campesinos productores de coca, el gobierno de García se lanzó con todo a erradicar cocales, especialmente en el Huallaga, y las congresistas cocaleras se convirtieron en figuras repetidas de la resistencia a esas acciones. Y Ollanta el permanente acusado por apañarlas.

Los años de García fueron a pesar de la erradicación, los de una acelerada expansión de superficie sembrada de coca, producción y exportación de cocaína, y ahora sabemos también, de un intenso reciclaje de las mafias que entraban y salían de las cárceles a través de las gracias presidenciales. Frente a esta situación, Humala ofreció incorporar a las organizaciones de cocaleros a un diálogo por el desarrollo y aislar a las mafias.

Todo esto sonaba a herejía, en medio de la presión estadounidense para insistir en reprimir a los pequeños productores y obtener metas de hectáreas eliminadas, quemadas o rociadas con agentes químicos, generalmente en las mismas provincias y distritos, mientras el negocio se expandía por otras zonas del país, ingresando a la selva baja con grave daño ambiental.

Como en otros temas, las ganas de Humala de hacer cambios en la política antidrogas le duró solo algunos meses. Luego nombró a una persona de confianza de los Estados Unidos en DEVIDA y todo volvió a la normalidad.  Pero lo que no sabía el comandante era que la policía, que había servido a García, estaba ya investigando a su entorno cocalero, consciente que la madeja conduciría finalmente a las razones por las que el candidato Ollanta Humala escogió a estas acompañantes.

En el caso de la coca, el giro de políticas arrastraba muchos más problemas que en los ofrecimientos incumplidos hechos a otros sectores como los sindicatos o las comunidades campesinas, porque lo que aquí estaba la cuestión era qué cosa es delito, es decir si producir y vender hoja te hace narcotraficante, o si estos productores generalmente pobres deben ser sacados de su situación marginal mediante políticas de diálogo y desarrollo.

Obviamente al triunfar la opción represiva, se cambiaba el estatus de las cocaleras por más congresistas que hubieran sido (aún queda un representante de este sector social en el parlamento) y resultaba posible que se las investigara y chuponeara en secreto por su vinculación con una actividad que de todas maneras se conecta con el narcotráfico y se desenvuelve en zonas afectadas por la violencia. La acusación contra Nancy Obregón y Elsa Malpartida, de la que sólo se conoce las versiones policiales que se filtran a través de varios medios, pretenden que creamos que ya se probó lo que los erradicadores venían diciendo y que muchos ya no aceptaban: (a) que los campesinos cocaleros sean los que contratan y exportan la droga, incluso sin mafias locales que intermedien el proceso; (b) que los dirigente cocaleros habrían logrado el milagro de trabajar con las dos fracciones de Sendero (Artemio y José) que son rivales irreconciliables.

Los policías están diciendo que con ayuda de arrepentidos y grabaciones pueden probar estas dos afirmaciones, lo que está reventando ahora en la cara de Humala, que está buscando la forma de decir que fue engañado y sobrevivir en el intento. Hay quienes ya están diciendo que hemos ido demasiado lejos y que hay que perdonarse los narcoindultos, la droga de Kenji, la amistad de Lourdes con Cataño, las casas de la suegra de Toledo y las de Alan, etc., sino queremos que la conclusión nacional sea que todos nuestros políticos son corruptos y narcos. 

Pero esta invitación en sí misma delata que el concepto de fondo es que toda investigación, por más seria que sea a desatar una contra-investigación para después negociarla. Lo de Obregón por supuesto que tiene que esclarecerse y el derecho de defensa también debe ejercerse, sobre todo porque hasta ahora sólo ha habido una versión sobre estos hechos. Ninguna transacción puede aceptarse en contra de la moral pública. Como tampoco se puede callar ante el evidente chantaje que estamos viendo para sacarle más ventajas a un debilitado presidente.   

07.08.13
Columna de Wiener

Miércoles de Política Nº 6

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