La denuncia de que en la Contraloría se cobran comisiones
para no ejercer labores de fiscalización, no es tan traída de los cabellos o
lanzada con ventilador, como algunos piensan, porque existe un antecedente
cercano del que seguramente el señor Khoury no querría oír hablar: a fines del
2012, bajo la actual gestión, se denunció al vicecontralor Oswaldo Yupanqui por
actos dolosos referidos a la extorsión de un alcalde en Arequipa.
No sabemos ahora nada más que el vicecontralor fue
destituido, pero no sobre los demás implicados en la red de corrupción, ni si
se ha seguido la acción penal y con qué resultados. Nos preguntamos si el
superior de Yupanqui, es decir el señor Khoury, está comprendido en el caso,
¿es testigo, investigado, inculpado?
Habrá seguramente ocasión para que el futuro Congreso revise la gestión
de la Contraloría y se forme una opinión sobre cómo se manejó esta denuncia.
Estos hechos, intencionadamente soslayados para no mermar la
autoridad de un órgano de la autoridad de la Contraloría, ha sido recordado en
las recientes elecciones regionales, cuando la recién electa gobernadora
regional de Arequipa hizo pública la desconfianza de la ciudadanía en el
Contralor Khoury y la institución a su cargo. En otras regiones como el Callao
o Cajamarca, la incredulidad se ha acentuado por razones casi opuestas: falta
de control en un lado y ensañamiento con el presidente regional (hoy
gobernador) en el otro.
Todo esto no significa sino una caída vertical de la credibilidad
en el organismo que debería ser la garantía de honestidad y limpieza en todos
sus actos. Precisamente, varias comisiones del Congreso, están verificando las
omisiones del contralor Khoury en los casos más graves del período, lo que a su
vez ha desatado una frenética carrera en el local de Av. 6 de agosto, para
presentar más y más informes que acrediten que la Contraloría no andaba tan
despistada y así lavarse la cara. Pero, tal parece que no existe sustancia que
retire la suciedad acumulada.
Por ejemplo, ahí donde se discute sobre la actuación de los
organismos internacionales en la supervisión de proyectos, la Contraloría no ha
podido responder por qué no atendió el pedido de la OEI (Organización de
Estados Iberoamericanos) para revisar 100 licitaciones en las regiones, la
mayor parte en Ancash (Caretas Nº 2336 del 20 de mayo del 2014).
Por todo lo dicho, debería subrayarse el contenido del
artículo 25 de la Ley de Contraloría (27785), que indica que al Congreso al que
le corresponde la fiscalización de esta entidad en el cumplimiento de sus
funciones anticorrupción. Si no lo hace incurre en encubrimiento real. Por tanto alguna instancia del Legislativo
debe actuar de acuerdo a su mandato, tipificando si es que ha habido algo que
se pueda llamar instancia permanente de control, muy bien remunerada mientras
la corrupción estallaba en distintas regiones y organizaciones del Estado.
30.03.15
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