Hay un ángulo del escándalo del dirigente de El Tambo, que
aparentemente negocia con una persona que se presenta como representante de la
empresa Southern, para conseguir el pago de una fuerte suma a cambio de lograr
que se levante la paralización de casi dos meses, según el cual el vigoroso
movimiento que no se ha doblegado ante el despliegue de la poderosa maquinaria
represiva del Estado (que ahora incluye a las fuerzas armadas) habría sido
capitaneado por uno o más traidores dispuestos a pactar con sus peores
enemigos.
Lo que queda en duda es: ¿cómo podría levantarse una huelga
exasperada, a la sola voz de algún directivo y a cambio de ninguna ganancia
para el pueblo?, ¿se podría hacer eso? Honestamente no creo que eso pudiera ser
posible sin que los implicados terminen defenestrados. Y lo más obvio: la
Southern tenía que saber que el asunto es así, por lo que la invitación a
negociar en paralelo con algún dirigente no podía tener otro objeto que sacarle
las declaraciones que han oscurecido las motivaciones del conflicto.
Y este es el segundo aspecto de la denuncia que pretende el
abogado Gómez Urquizo, quién no da la impresión de hacerse consciente que de ser ciertos los hechos en cuestión, él
mismo terminaría implicado como el promotor de un soborno que Pepe Julio
Gutiérrez habría entrado a considerar. Algo es bien claro: como se ha visto
tantas veces en Yanacocha, las empresas trasnacionales entran a la batalla por
la tierra y el agua, moviendo recursos vedados, como los de los policías que
colocan armas en las manos de los detenidos para ser fotografiados y acusados
de violencia. El financiamiento a grupos pro mina y a medios de comunicación.
Ahora queda por esclarecer rigurosamente qué quería la
Southern al sugerir un pago a uno de los más connotados “antiminero”, como si
quisiera probar que hasta el más duro se doblega por un millón y medio de
dólares, pero solamente para grabarlo y ponerlo en evidencia. Obviamente el
dirigente ha quedado quemado y si no puede presentar algún descargo, quedará liquidado.
Pero ¿cómo quedará la minera?, probablemente como una empresa corrupta y
corruptora, que si se instala en El Tambo, manejará sus relaciones con la
población y sus organizaciones con los métodos más cochinos.
La batalla de Tía María no ha concluido y como se puede ver
tiene muchas aristas: resistencia social y represión durísima (que se agravará
con los soldados desplazados); negociación política, que hasta ahora no avanza
porque los delegados del gobierno llegan a conversar en nombre de la empresa (que
no asiste a esos encuentros); despliegue mediático, que enfrenta el poder de la
gran prensa claramente pro minera, y las noticias que los tambinos han logrado
colocar, desatando solidaridad en muchos lugares; impacto regional, que hasta
ahora es insuficiente, pero que ya se anuncia como un paro de 72 horas en Arequipa
contra el gobierno y la Southern.
10.05.15
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