martes, junio 30, 2015

¿A quién querían engañar?

Pasarán a la historia del ridículo los nombres de los ministros Jiménez, Cateriano, Adrianzén y otros, lamentablemente acompañados del expresidente de la Cote Suprema, César San Martín, y de varios peritos internacionales, que intentaron modificar la pruebas que acreditaban que en el curso de la operación Chavín de Huántar hubo por lo menos una ejecución extrajudicial, que confirmaba que en el diseño de ataque existía al más alto nivel (Fujimori, Montesinos, Hermoza) la decisión de que ninguno de los secuestradores saliera con vida para dejar una sola versión de lo sucedido para la historia.

Los ministros de Humala, presionados por el presidente, que a su vez recibía el reclamo corporativo de la cúpula militar que ha elevado la operación a la categoría de acto intocable e indiscutible, pretendieron que en un proceso ya abierto, en el cual Estado peruano había admitido como prueba los primeros peritajes realizados sobre el cadáver del apodado “Tito”, se pudiera recurrir a peritajes sobre peritajes, para descalificar lo actuado.

La famosa reunión de “concertación de criterios”, como la denominó San Martín, en el año 2013, entre el presidente del Poder Judicial, la jueza del proceso, ministros y asesores, ya había fracasado en la idea de doblegar la posición de los magistrados del caso. Obviamente este incidente quedó como una evidencia firme de que se estaba forzando un fallo que era pedido por “alguien” muy poderoso.

A pesar de que los jueces peruanos y la Corte Interamericana nunca dijeron que alguno de los comandos rescatadores hubiese sido responsable del asesinato de rendidos y aceptó la tesis de que “Tito” y tal vez otros supervivientes fueron entregados a elementos del Servicio de Inteligencia que, cumpliendo órdenes, los liquidaron de un balazo en la cabeza, el gobierno de Humala se propuesto abstraerse de que todo esto ocurrió durante el régimen de Fujimori, e inventar que Chavín de Huántar habría sido una acción militar pura.

La CIDH ha sentenciado básicamente en la misma línea de todos los que han analizado  el caso, asumiendo que hay solo un caso debidamente probado, que es precisamente el que el ministro Adrianzén había tratado de tergiversar desde que fue procurador para este proceso y del que decía que no había forma que el Estado lo perdiese. Y lo perdió. Aunque ahora en voz más baja se diga que no habrá indemnizaciones, como si se tratara de un asunto de plata y no de naturaleza política-moral.

Las tristes declaraciones del presidente anunciando que no acatará a la Corte, son en este contexto, piezas groseras de una profunda desorientación política. Nadie debería poder declarar que no acatará un fallo de la justicia a la que está sometido, mucho menos si se tiene un cargo de representación de toda la nación. Manotazo de ahogado finalmente ante una derecha agresiva y una intensa presión militar. Ahora toca recoger estropicios.

30.06.15

lunes, junio 29, 2015

Hecho trágico y realidades diferentes

Alguna vez, en plena campaña electoral, el candidato Humala, acompañado de su esposa, no tuvo empacho en decir que era un católico conservador, apenas después de visitar al cardenal Cipriani y mostrar un rosario que les había entregado como obsequio.

Era un obvio guiño a la parte de la población que sigue a la primera autoridad eclesiástica en algunos temas en los que el Perú está cada vez más rezagado respecto a lo que ocurre en el mundo, como son los de los derechos de los homosexuales, incluido el del matrimonio, y los del aborto, aún en circunstancias que comprometen la salud y la vida de las mujeres.

De lo que se sabe, Nadine era en años anteriores, una áspera crítica de Cipriani, y Humala hizo algunos gestos a las minoría sexuales para despejar una idea homofóbica que habían dejado miembros de su familia. Pero, como se ve, los intereses de la campaña fueron arrasando antiguos principios.

El que no ha cambiado ni un milímetro, es el mismo Cipriani, que ni ha tomado en cuenta el aire renovador del nuevo Papa y que acaba de definir la aprobación del derecho al matrimonio gay en Estados Unidos como un hecho “trágico”. Rápido salta a la vista que al monseñor no se le ocurrió la palabra para referirse a la pedofilia comprobada en una cantidad de sacerdotes en distintos países del mundo y a las autoridades de Iglesia apañadoras o cómplices, algunas de las cuales han empezado a ser sancionadas.

Tampoco le ha parecido “trágico” los actos de corrupción en el Vaticano destapados por el Papa Francisco, ni los atropellos a los derechos por los gobiernos, ni la represión. La tragedia es que un país que sirve de modelo de las derechas para tantas cosas, haya dado un paso a libertad y la igualdad en que se estaba demorando, precisamente por resistencias conservadoras como las que tenemos en casa.

Es trágico por el poder simbólico de los Estados Unidos. Pero, en la opinión del presidente Humala, esto no es tanto problema porque los países “somos diferentes”. Algo así  como que lo que vale para los gringos no tiene que se válido para nosotros. Anotemos que lo que diferencia al Perú de los EE.UU, no es que en cada uno de estos países no existan minorías homosexuales que reclaman tener las mismas prerrogativas que los heterosexuales para formar familias y vivir en paz.

¿Qué puede diferenciar al Perú de la Argentina, que hace cinco años que promulgó el derecho al matrimonio gay?, ¿O será que acá somos distintos por el tipo de autoridad política y eclesiástica que nos rige? La verdad es que lo que habla Humala sobre el tema es una tontería escapista. En cambio lo de Cipriani es más serio porque lo que busca es conseguir hacer del Perú una fortaleza medievalista en la que domina la hipocresía y el miedo, que influye en los gobiernos y los partidos.

29.06.15

domingo, junio 28, 2015

Cuatro años de Humala

A pesar que resta aún, un año completo de gobierno de Ollanta Humala, por todos lados aparecen signos de un agotamiento final. Esta aceleración de los tiempos motiva este balance adelantado.
  
Pudo ser un reformador en un país afectado de inmovilismo, aunque solo fuera uno moderado, distante del que prometiera grandes cambios en el 2006 y más adaptado a los parámetros de la llamada Hoja de Ruta.

Pero ni eso llegó a ser. Las condiciones internacionales, con la reciente victoria de Correa y Morales y el engrosamiento de la corriente de gobiernos progresistas en América Latina, aseguraban un contexto internacional favorable y que no habría aislamiento como el que soportaron otros procesos.

Internamente habían reservas suficientes para resistir la presión de los grupos de poder económico que amenazaban con retirar sus capitales, y que en las condiciones de 2012 y 2013, no se hubieran retraído por mucho tiempo. Así que el cuento de que le subieron el dólar y le movieron la bolsa y lo asustaron, no tiene mucho asidero, salvo en el sentido que ya en ese momento Humala se había quedado solo por su propia decisión y actuaba en el sentido del viento.

En la noche de su juramentación, cuando toda la elite de la sociedad peruana cumplía con el ritual de esperar su turno para dar la mano al presidente, y los que habíamos sido sus amigos de campaña en los años y meses anteriores nos sumábamos a la cola, Humala y Nadine abandonaban Palacio por la otra puerta para reunirse con la gente de base que llenaba la Plaza de Armas.

Fue su último acto de espontaneidad política. A partir de allí, los únicos encuentros del presidente con el pueblo fueron las convocatorias oficiales en distritos pobres para iniciar o reforzar algunos de sus programas sociales más emblemáticos, pero todo rodeado de filo tecnocrático y de discursos paternalistas sin efectos de movilización.

Los conflictos sociales que Humala sabía que estaban latentes y con los que se había solidarizado en camino de las elecciones, se convirtieron en un rompecabezas para el gobernante que no quería pelearse con la inversión ni hacer sentir la autoridad del Estado. En Conga como en oros lugares que le siguieron en la protesta, Humala derivó al recurso represivo y rompió violentamente con antiguos aliados, lo mismo que se repetiría en el 2015, en Tía María, en la provincia de Islay en Arequipa.

¿Por qué ocurrió todo esto?, ¿cómo se reconvirtió Humala a las ideas contra las que combatió tantos años y que parecían un patrimonio de familia?, ¿creyó acaso que los dueños del poder le abrirían  los brazos y lo asimilarían como alguien de los suyos?, ¿pensó alguna vez seriamente que podría recuperar el espacio que iba entregando a la derecha?, ¿no se imaginó el final de gobierno que le esperaba, a cuenta de los mismos a los que sirvió durante los primeros años?

Para intentar una explicación de lo que pasó entre la elección en segunda vuelta de Ollanta Humala y el nombramiento de Casilla en la conducción del MEF y la ratificación de Velarde en el BCR, y la caída del gabinete Lerner en diciembre de 2011, hay diversas reflexiones:

(a) qué todo fue un engaño y que Humala se hizo elegir por la izquierda cuando su plan era llegar al poder y aliarse con la derecha, y allá los que nos creímos tamaño embuste;

(b) que Humala se acobardó a la presión de la Confiep en representación de los grandes grupos económicos, de los poderosos medios de comunicación encabezados por El Comercio y de la tecnocracia del Estado que le pintaba opciones sobre el futuro, lo que lo habría llevado a abandonar sus viejos aliado y a aceptar unirse a sus enemigos;

(c) que Humala nunca confió en nadie y que se valió de los viejos nacionalistas para dejarlos luego en el camino, de la izquierda que también fue echada como lastre y de la derecha con la que está terminando en una gran pelea;
    
Todas estas son hipótesis difíciles de tomar como una totalidad: la teoría del engaño se debilita si se asume que hubo un real enfrenamiento de Humala con la derecha, en la fase electoral que duró casi seis años, y en la que el afán real fue destruir al que se veía como un peligro para el sistema. Mantener una mentira como la que se dice es imposible y es casi acusar de ingenuidad a ocho millones de votantes.

De donde sigue la segunda teoría de la captura de Ollanta por los grupos de poder y su doblegamiento ante ellos, que tiene elementos evidentes pero que no encaja totalmente con los palos que soportó durante tiempo largo de los mismos con los que se acerca al llegar al gobierno y ahora están a punto de echarlo a un lado como algo que ya no les sirve.

Finalmente, la tesis de la soberbia y el utilitarismo de los aliados es casi obvia, pero explicaría muy poco si no se liga a las de los engaños y de las debilidades del presidente ante los poderosos, que indican que si bien soportó la avalancha de la derecha como candidato, no lo pudo hacer cuando tenía mucho más que perder como gobernante.

Aquí hay que convenir que es el sistema político, que permite ficciones de partido para ganar las elecciones y no somete a los presidentes a ningún tipo de control de parte de su partido de origen y sus electores, lo que permite que se traicione brutalmente el sentido del voto y no le pase nada al que lo hace.

Humala ha podido creer hasta hace muy poco que su gobierno era cuando menos de regular para arriba, cuando podía mantener las tasas de crecimiento, celebrar cifras de descenso de la pobreza y jactarse del funcionamiento de sus programas sociales. En el 2014, esa ilusión cayó por los suelos y se convirtió en el gobierno del final del falso “milagro peruano” (crecimiento por aumento de volúmenes y precios de las exportaciones de materias primas), en el que rebrota la pobreza por ausencia de cambios estructurales y en el que los mismos programas sociales manejados tecnocráticamente empiezan a mostrar sus enormes fallas.   

Pero lo peor es que el gobierno ha sido acorralado por denuncias y escándalos de diverso calibre que han permitido que sus nuevos adversarios, que se preparan para reemplazarlo en el poder, le coloquen el cartel de la corrupción. De esta manera el gobierno que pudo ser distinto, que pudo hacer reformas y abrir caminos nuevos, está llegando al final como sus antecesores, sin éxitos reales y con un pasivo de credibilidad que hace a la gente decir que todos los políticos son iguales.

Y basta ver lo que dicen las encuestas sobre preferencias para el 2016, para tener una idea de que lo que viene  después de Humala puede ser peor, sino ocurren hechos extraordinarios que en el Perú siempre son posibles.

29.06.15

sábado, junio 27, 2015

La CIDH y el caso Chavín de Huántar

En vísperas de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencie sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la operación Chavín de Huántar del año 1997, los representantes del Estado peruano siguen repartiendo condenas y amenazas sobre la parte civil demandante en este proceso y los mismos magistrados que van a emitir su voto.

La posición oficial en este momento es que en un lado de la balanza está el Perú y sus comandos, y en el otro algo así como proterroristas o enemigos de la patria. Así que las decisiones y los actos del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, debemos tomarlos tal cual, como si hubiese sido expresión del pueblo peruano. Porque de ese tema se trata, si debemos comprarnos los hechos del fujimorismo en materia de derechos humanos para imponer una regla de que no se investiguen las acciones militares en las que existen temas de derechos humanos.

Este gobierno que ha traicionado también a los militares, fraccionando su sistema de pensiones e incumpliendo la palabra del presidente ante sus compañeros de armas, mantiene la peregrina idea de que cerrando filas en los procesos referidos a la guerra interna reforzará la cohesión militar en torno al gobierno. Olvida que en la línea de defensa del Estado a partir del final del año 2000, se hizo un reconocimiento básico que era que en el conflicto habían ocurrido excesos y había responsabilidades que asumir.

En el caso de Chavín de Huántar, la CIDH ya había determinado que sí existieron ejecuciones extrajudiciales que muy probablemente provinieron de elementos externos vinculados al SIN, que cumplieron la labor de no dejar con vida a ninguno de los secuestradores. Lo que se está juzgando ahora es el cumplimiento del Estado peruano en profundizar las investigaciones sobre estos sucesos y de buscar la sanción de los responsables.

Pero ¿qué ha hecho el Estado al respecto? Tratar de destruir las pericias iniciales, creando un sistema de pericias sobre pericias; presionar a los jueces para que digan que no hubo ejecuciones; presionar a la opinión pública para convertir este caso en una defensa patriótica de los comandos, como si se tratara de personas intocables; etc. Por supuesto que la CIDH ha visto y es consciente de este giro encubridor que se ha desarrollado durante el gobierno de Humala, por lo que es probable que su sentencia no sea favorable al Estado que se ha cerrado en esa posición defensiva.

Presumo que Eguiguren quiso decir que esta posición tiene demasiado flancos débiles y que puede perderse. Pero, oh, escándalo. Los políticos con espíritu militarista como Adrianzén, Flores Araoz o Martha Chávez, quieren ahora colgar al pesimista, como si en este caso se tratara de un asunto de moral militar para el combate. Está clarísimo que si el Estado pierde es porque hay problemas de derechos humanos no resueltos.

27.06.15

Tía María es una herida abierta

¿Pensará la Southern que está ganando puntos en este tiempo de la supuesta pausa y del efectivo estado de emergencia policial-militar en los distritos del Valle de El Tambo, con la intensa propaganda que viene desarrollando sobre las maravillas de el proyecto Tía María?

¿Algo habrá cambiado la manera de pensar de los habitantes de Islay que los hayan tenido 60 días bajo el peso de las armas, las redadas y las amenazas, obligados a encerrarse en sus casas contra su propia voluntad?

¿En qué sentido se puede entender la frase de Humala cuando dice que él no defiende a una empresa, sino el “Estado de Derecho?; ¿dónde está el bendito el bendito “Estado de Derecho”, en la ocupación de los territorios donde la gente ejercía su protesta, en el salvataje que el Estado ha aplicado a la Southern cuando no le quedaba más que salir de la zona?

Tengo la certeza que para los habitantes de Islay y muchísimos arequipeños, la opinión sobre la empresa minera ha empeorado y se ha hecho irreconciliable e innegociable. Como no pueden ejecutar al proyecto en un escenario de militarización permanente, esto significa que si había alguna opción de diálogo se la eliminado definitivamente. 

Entonces, ¿qué han ganado los de la Southern y del “Estado de Derecho”? Nada, salvo la descompresión de una situación que se les escapaba de las manos. La paz de los fusiles, sin embargo, no puede durar a largo plazo, salvo que los gérmenes de dictadura se profundicen y extiendan sobre otros lugares.

El intento de imponer Tía María ya fracasó y las lecciones que ha dejado esta experiencia son inapelables: no se pueden hacer proyectos mineros contra la voluntad del pueblo y para conquistarla, se requiere mucho más que un Estudio Ambiental que nadie lee y cualquier falsificación de consulta popular como ocurrió en El Tambo.

La idea de que el Estado, ansioso de inversiones, se entiende con las trasnacionales y asunto arreglado, se ha caído en Tía María como se derrumbó en Conga. No funciona. Los derechos de las poblaciones sobre su territorio deben ser reconocidos en todos los campos: económicos, sociales, ambientales, y convertidos en una asociación de desarrollo, de otra forma la minería invasora encontrará cada vez más resistencia.

Supongo que la Southern todavía no está convencida que ya se le pasó su momento, por eso su insistencia de publicitarse y su no respuesta al gobierno que sigue diciendo que los siguientes pasos dependen de lo que haga la empresa. Valiente presidente que tenemos que se apoya en la fuerza bruta para contener a su pueblo y no puede poner en su sitio a un inversionista extranjero.

En Islay, las empresas encuestadoras no se acercan. No vaya a ser que como ocurrió en Cajamarca, la repuesta de la gente diga en qué grado de rechazo están la Southern y las decisiones del gobierno.  

26.06.15